GPPAC calls for prevention and accountability for crimes against indigenous peoples in Mexico

GPPAC condemns the killing of indigenous activist Simón Pedro Pérez López and calls for prevention and accountability for crimes against indigenous peoples in Mexico.

For the full English version, please scroll down.

GPPAC condena el asesinato del activista indígena Simón Pedro Pérez López y llama a la prevención y rendición de cuentas por delitos contra los pueblos indígenas en México

Como constructores de paz de todo el mundo, unidos en la Plataforma Global para la Prevención de Conflictos Armados (GPPAC), condenamos el asesinato de Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), defensor de los derechos humanos, catequista y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, una organización no violenta con la que los miembros de GPPAC en Chiapas han trabajado por más de 20 años.

Simón Pedro fue brutalmente asesinado el 5 de julio de 2021, en el municipio de Simojovel, Chiapas. El asesinato se produjo poco después de que el señor Simón Pedro  participara en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre la situación de violencia en la municipalidad de Pantelhó, Chiapas. Fue asesinado sin más motivo que ser un defensor de derechos humanos que promovía la paz, haciendo oración y denunciando la violencia armada o cualquier violencia que exista dentro de las comunidades de Chiapas.

GPPAC insta al Gobierno de México a investigar de manera efectiva, identificar, enjuiciar a los perpetradores y realizar esfuerzos proactivos para prevenir futuras atrocidades; a atender la crisis humanitaria derivada del desplazamiento forzado; además de restaurar la paz y la seguridad dentro de las comunidades indígenas de México.

El asesinato del señor Simón Pedro es parte de la violencia generalizada contra los pueblos indígenas en Chiapas y México en general, misma que deriva de la ausencia del Estado y del control de territorios indígenas por grupos vinculados a la delincuencia organizada. 

Este año, en el caso del municipio de Pantelhó, han sido asesinadas 12 personas y actualmente se desconoce el paradero de una más. Los habitantes de al menos 19 comunidades en los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó se encuentran en niveles máximos de riesgo. En los últimos dos días, más de 2000 personas se han desplazado debido al incremento de la violencia en la región. En general, hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror por las amenazas que han recibido de personas armadas.

Por años, la paz dentro de las comunidades se ha visto imposibilitada, debido al aumento de la presencia de grupos armados vinculados a al crimen organizado. Estos grupos mantienen control sobre la población a través del terror, asesinatos, el porte de armas y de explosivos de uso exclusivo del Ejército. 

Puestos de control, bloqueos e incursiones de grupos armados, en más de un caso en compañía de policias, han contribuido al aumento de la violencia. En varios municipios, existe un vacío de autoridad que permite que prevalezca la impunidad y la violencia.

Además, la actividad delictiva de los grupos armados, que se dedican al tráfico de drogas, armas y personas, está cada vez más y claramente vinculada al control que estos grupos ejercen sobre los funcionarios políticos y públicos a nivel estatal. En muchos casos, la violencia es apoyada por la policía y las autoridades municipales. 

La acción del Estado es necesaria ahora, con atención al cambio estructural a largo plazo

Las autoridades locales de Chiapas son conscientes del aumento de la violencia y de la presencia de grupos armados. Sin embargo, la Fiscalía del estado de Chiapas no ha realizado investigaciones efectivas ni ha hecho justicia a las víctimas de esta violencia.

La situación actual dentro de las comunidades indígenas en México y personas defensoras de derechos humanos es de gravedad por la violación directa hacia  los derechos humanos en México violando la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de 2012, la Constitución Federal de México, así como los compromisos del gobierno en el ámbito internacional con énfasis en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Escazú recientemente adoptado.

Acogemos con beneplácito la preocupación y condena de la CNDH y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México por los asesinatos, junto con las declaraciones emitidas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras partes interesadas a nivel mundial. Sin embargo, la situación en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Sonora no es nueva. Los Relatores Especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos han planteado varios puntos de preocupación a abordar en la agenda del Estado desde 2010.

La paz y la seguridad dentro de las comunidades indígenas en México dependen de una prevención estructural exitosa y de esfuerzos coherentes e inclusivos para abordar la violencia armada, al tiempo que se asegure que las víctimas de la violencia tengan un acceso adecuado a la justicia.

Como Plataforma Global para la Prevención de Conflictos Armados recomendamos:

• Que el gobierno federal aumente sus esfuerzos para prevenir y atender la violencia armada en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sonora. En esto, las Naciones Unidas, y en particular, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), deben ofrecer su apoyo para ayudar al gobierno a fortalecer su respuesta ante el aumento de la violencia. 
• El gobierno nacional debe garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan ejercer sus funciones dentro de un marco nacional debidamente respaldado por los textos legislativos y reglamentarios y mecanismos de aplicación adecuados. Las instituciones nacionales de derechos humanos deben tomar medidas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos cuando se encuentren en peligro. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) podría brindar apoyo al gobierno nacional en el desarrollo de dichos textos y mecanismos.
• No debe de haber impunidad ante amenazas y violaciones en contra de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos o cualquier persona en México. Es importante asegurar que los fiscales lleven a cabo investigaciones imparciales, que los perpetradores sean juzgados y que las víctimas obtengan una indemnización, ya sea a través del sistema legal nacional o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
• La presencia in situ de mecanismos de las Naciones Unidas sobre el terreno, incluida la oficina de la ONU-DH, deben de proporcionar a los defensores de los derechos humanos que son objeto de amenazas apoyo y protección sistemáticos y apoyar a la comunidad desplazada para garantizar su acceso a los derechos humanos y un entorno seguro y protegido. 
• El gobierno nacional debe responder a la crisis humanitaria en los Altos de Chiapas, atendiendo a las comunidades desplazadas y garantizando su acceso a los derechos humanos básicos, así como a un entorno seguro y protegido.
• El gobierno nacional debe detener la discriminación estructural de las comunidades indígenas, reconocer e implementar sus derechos y aumentar la participación indígena en las políticas públicas.

GPPAC condemns the killing of indigenous activist Simón Pedro Pérez López and calls for prevention and accountability for crimes against indigenous peoples in Mexico.

As peacebuilders from around the world, united as the Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), we condemn the killing of Simón Pedro Pérez López (Simon Pedro) - human rights defender, catechist and member of Las Abejas de Acteal, a non-violent civil society organisation with which GPPAC members in Chiapas have worked for more than 20 years.

Simón Pedro was brutally assassinated on July 5 of 2021 in the municipality of Simojovel, Chiapas. The assassination took place just after Simón Pedro participated in the filing of a complaint with the Attorney-General’s Office regarding the situation of violence in the municipality of Pantelhó, Chiapas. He was killed for no reason other than being a human rights defender who promoted peace by praying and denouncing the armed or any violence that exists within the communities of Chiapas.

GPPAC urges the Government of Mexico to hold perpetrators accountable for taking the life of Simon Pedro, to take proactive efforts in preventing future atrocities, to attend the humanitarian crisis due to forced displacement in the Highlands of Chiapas, and to restore peace and security within indigenous communities of Mexico.

The murder of Simón Pedro is part of widespread violence against indigenous peoples in Chiapas and Mexico as a whole, underpinned by the lack of state accountability and securitisation of indigenous territories by organised crime groups.

This year, in the municipality of Pantelhó, 12 people have been murdered; currently, the whereabouts of one person are unknown. Residents of at least 19 communities in the municipalities of Pantelhó, Simojovel and Chenalhó are at maximum levels of risk. In the last two days, more than 2,000 people have been displaced due to the increase of violence. Overall, men, women, girls, boys, adolescents and older adults live in fear and terror due to the threats they have received from armed people. 

Peace within communities has been disrupted for years by the presence of unaccountable violence of armed groups linked to organised crime. These groups have control over the population through terror, assassinations, carrying weapons and explosives intended for exclusive use by the Mexican Army. Contributing to the increase in violence is the control of checkpoints, highway blockades and incursions by armed groups, often in the company of police. In various municipalities there is a vacuum of authority enabling impunity and  violence to prevail. 

Moreover, the criminal activity of armed groups, who engage in drug, arms and human trafficking, is increasingly and clearly linked to the control these groups have over political and public officials at the state level. In many cases, the violence is supported by the police and municipal authorities.  

Federal action is required now, with attention to long-term structural change. 

Local authorities in Chiapas are aware of the increase in violence and the presence of armed groups. The Chiapas State Prosecutor's Office did not, however, carry out credible investigations and bring justice to the victims of this violence. 

The current situation within the indigenous communities in Mexico is in direct violation of human rights in Mexico embedded in the 2012 Law for Protection of Human Rights Defenders and Journalists, Mexico’s Constitution, as well as the government’s commitments under the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, and the recently-adopted Escazú Agreement.

We welcome Mexico’s National Human Rights Commission’s and Mexico’s National Institute of Indigenous Peoples’ concern of  and condemnation of the killings, along with the statements issued by the United Nations, European Union and other global stakeholders. However, the situation in Chiapas is not new. The Special Rapporteurs on the Rights of Indigenous Peoples and on the Rights of Human Rights Defenders have brought these issues to the agenda of the state back in 2010.

The peace and security within indigenous communities in Mexico depend on successful structural prevention and coherent and inclusive efforts to address armed violence while ensuring that victims of violence have adequate access to justice. 

As the global network of local peacebuilders, GPPAC recommends that:

• The national government accelerates efforts to prevent and address armed violence in Chiapas, Oaxaca, Michoacán and Sonora. In this, the United Nations, and particularly, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), should offer their support to assist the government in strengthening their response to the increase in violence.
• The national government has to ensure that human rights defenders can exercise their functions within a national framework properly supported by the appropriate legislative and regulatory texts and enforcement mechanisms. National human rights institutions should take effective measures to protect human rights defenders when they are in danger. The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) should go on providing support to the national government in developing such texts and mechanisms. 
• The United Nations field presences, including the office of the resident coordinator, should provide human rights defenders who are subjected to threats with systematic support and protection. 
• There should be no impunity for threats and violations aimed at indigenous peoples, human rights defenders or any person in Mexico. It is important to ensure that the prosecutors undertake impartial investigations and ensure that perpetrators stand trial and that victims obtain compensation, either through the national legal system or through the Inter-American Human Rights System.
• The national government should attend the humanitarian crisis in the Highland of Chiapas, attending the displaced communities and ensuring their access to basic human rights as well as a safe and secure environment.
• The national government should stop structural discrimination of indigenous communities, recognise and implement their rights and increase indigenous participation in public policies.